UNA DESESTIMACIÓN QUE NO TUVO PRENSA

El pasado dos de mayo, en la Ciudad de Mendoza, el Tribunal de Enjuiciamiento de dicha Provincia resolvió desestimar la denuncia que se había formulado contra los jueces Ramiro Salinas, Luis Correa Llanos y Alejandro Miguel,  integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal.

La denuncia la llevaron a cabo los Diputados Provinciales Daniel Cassia (Peronismo Federal), Patricia Gutiérrez  (Unidad Popular), los senadores Gustavo Cairo, (PRO) y Gustavo Valls (PRO), y el padre de una víctima de un hecho de inseguridad, Osvaldo Quiroga mediante la cual les imputaban “mal desempeño de sus funciones”. Hicieron partir esta premisa en su disconformidad con las decisiones de libertad concedidas desde la Cámara de Apelaciones que habían sido denegadas por el Juez de Ejecución.

Este argumento resulta una falacia que a su vez desconoce los derechos de las personas privadas de su libertad y los fines que expresamente establece la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad a nivel nacional. Pretender explicar la inseguridad como consecuencia directa de las decisiones judiciales en el marco de procesos de ejecución de la pena, es un recurso de demagogia punitiva que ya hemos visto en numerosas ocasiones y que, en este caso, se presenta en forma de denuncia ante los jueces que se ven obligados a aplicar lo que la ley prescribe.

En la votación la desestimación fue rotunda: 16 votos contra 3. Quienes se encontraban a favor de admitir la denuncia fueron Mario Adaro, Jorge Nanclares y Luis Petri, éste último autor del proyecto de ley que luego sancionara le Legislatura de Mendoza mediante el cual se amplían los tiempos en los cuales los detenidos pueden acceder al derecho a la libertad condicional, medida que aleja a la Provincia de Mendoza de los estándares mínimos que establece la Ley 24.660 violando los derechos de las personas privadas de su libertad, por lo que resulta inconstitucional. El CEPOC se hizo presente en el debate parlamentario y a su vez presentó a los legisladores la siguiente carta argumentando, entre otros, la total incompatibilidad del proyecto con la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales - http://cepoc-cepoc.blogspot.com.ar/2012/08/carta-abierta-los-senores-y-senoras.html -

La denuncia tuvo amplia repercusión en los medios locales quienes, enseguida y en numerosas ocasiones, levantaron la noticia y la difundieron, como así lo hicieron con los agresivos dichos de uno de los diputados, Cassia -

Llamativamente, o no tanto, la desestimación del Jurado de Enjuiciamiento no tuvo la misma repercusión. Por ello, y solidarizándonos con los jueces integrantes de la Cámara, entendemos necesario difundir esta decisión que entiende que la presentación realizada no encuentra fundamento alguno como así tampoco merece siquiera el curso inicial del trámite que obligaría a los jueces a explicar sus posiciones. El rechazo de esta denuncia  se traduce como la mejor expresión de lo que debería ser un auditor del Poder Judicial: un ente que no es susceptible a los reclamos demagógicos. 

CEPOC

12/05/2013

CONVERSANDO EN MARCHA A NUESTROS 10 AÑOS

Comenzamos una serie de actividades, en marcha hacia el festejo de los 10 años del Cepoc. 

En abril de 2004 nos presentamos públicamente, con este texto: 

“La ideología punitiva individualiza un problema social, lo magnifica hasta presentarlo como una amenaza inmediata e inminente para la subsistencia de la especie, atribuye su causa a una fuerza cósmica o malignidad masiva, considera sus peores enemigos a quienes osan poner en duda sus asertos –incluso más que los propios portadores del mal-, redimensiona su operatividad fuera de todo límite invocando la necesidad de salvar (a la humanidad) y, por supuesto, como toda ideología encubridora o delirante, pone su poder ilimitado al servicio de otros objetivos que frecuentemente abarcan también los intereses corruptos de sus propios operadores. Para las estructuras ideológicas de emergencia cualquier pretensión de limitar el poder de las agencias punitivas específicas pasa a ser una formalidad, una ingenuidad, una traición o, directamente, un crimen (dependerá del grado de fundamentalismo del correspondiente estado de policía).” Eugenio Raúl Zaffaroni, "Naturaleza y necesidad de los consejos de política criminal", en Justicia penal y sobrepoblación penitenciaria, Siglo XXI, 2001.

Quienes constituimos el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) podremos ser calificados, alternativamente, de formales, ingenuos, traidores, o criminales.
Se nos llamará formales, porque entendemos que el cumplimiento de las garantías constitucionales y de los derechos humanos de todas las personas sometidas a las intervenciones del sistema penal, es mucho más que una mera formalidad, pero aunque así se defina, debe ser respetada como un límite infranqueable.
Se nos criticará por ingenuos, cuando planteemos que en la inmensa mayoría de las personas que son atrapadas por el sistema penal, existen conflictos, vulnerabilidades, carencias y dolores, y que el modo en que se castiga una parte –solo una parte- del delito no es más que un reparto de más dolor y más sufrimiento.
Se nos acusará de traición, porque evitaremos sumarnos al coro de fanáticos que hablan de guerra contra el delito, de batallas contra los criminales, de aislar a las manzanas podridas de la sociedad, conminando a elegir de qué lado estar, bajo pena de excomunión.
Finalmente, se nos pondrá del otro lado, del lado de los otros: anarquistas, subversivos, niños, pobres, piqueteros, delincuentes, criminales. La construcción de un otro monstruoso y carente de humanidad facilita su exterminio. Un exterminio que siempre comienza por los ajenos, hasta que en algún momento, toca a los propios.
Pero además de todo eso que podemos ser, somos especialistas en criminología. Varios de nosotros nos hemos formado en la Maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y tuvimos como docentes a los más importantes profesores que este país tiene en la materia. Durante dos años, y al preparar nuestras tesis, discutimos sobre el delito, las penas, la cárcel, las fuerzas de seguridad y el castigo, con jueces, defensores oficiales, fiscales, camaristas, funcionarios públicos, antropólogos, investigadores sociales, epistemólogos, psiquiatras, médicos forenses, penalistas. Adquirimos un saber, que intentaremos socializar, porque no queremos que esos conocimientos se transformen solamente en un diploma, o en materia de debate entre convencidos.
Y, por último, tenemos práctica, conocemos lo que sucede en los pasillos de los juzgados, en los pabellones de las cárceles, en los estrados de los tribunales, en los lugares donde se discuten las leyes. Hay entre nosotros/as quien trabaja en la justicia, en una defensoría oficial, o recorriendo tribunales; en el poder legislativo; en organismos de control; en la defensa de los derechos humanos de los presos; en la investigación.
Entonces, desde una posición que no será neutral, ni objetiva, porque somos sujetos que defendemos posiciones; con nuestros conocimientos teóricos y con nuestras prácticas cotidianas, intentaremos poner en discusión todos los temas que se vinculan con la política criminal. No es casual que lo hagamos en este momento, en el que el concepto de seguridad pública es utilizado en un sentido que también queremos discutir, y en cuyo nombre se cometen actos que solo pueden preanunciar nuevas heridas colectivas. Lo hacemos como una necesidad personal, y –formados todos nosotros en la universidad pública- también como un modo de actuar responsablemente devolviendo a la comunidad lo que recibimos de ella.

Buenos Aires, 24 de abril de 2004